Los conflictos por la tierra no son nuevos en Oaxaca, pero su persistencia y la violencia que generan siguen siendo motivo de preocupación. Esta semana, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca detuvo a ocho autoridades municipales de San Pedro Ocotepec, Mixe, como parte de las investigaciones relacionadas con enfrentamientos entre comunidades vecinas, particularmente con San Juan Juquila Mixe.
El conflicto tiene raíces profundas. En 1975, una resolución presidencial otorgó casi 48 mil hectáreas de tierras comunales a San Juan Juquila Mixe, lo que generó descontento en San Pedro Ocotepec. Desde entonces, los desacuerdos han escalado en forma de agresiones armadas, homicidios y desplazamientos forzados. Entre 2017 y 2025, se registraron 14 carpetas de investigación por homicidio relacionadas con este conflicto, con un saldo de 16 personas fallecidas.
La detención de estas ocho personas se da en un contexto donde los episodios violentos son recurrentes. Desde el desplazamiento de 350 personas de la agencia Guadalupe Victoria en 2017, hasta el asesinato del defensor de derechos humanos Crispín Reyes en 2022, los hechos han puesto en evidencia la gravedad de esta disputa. El caso más reciente ocurrió en enero de 2025, cuando un hombre y su hija fueron asesinados mientras trabajaban en su parcela.
El desafío para las autoridades no es menor. Resolver un conflicto de esta magnitud requiere algo más que detenciones: demanda un esfuerzo integral que incluya diálogo entre las comunidades, justicia para las víctimas, y medidas para garantizar la paz en la región.
La detención de las ocho autoridades municipales es un paso que podría marcar el inicio de un cambio, pero también abre interrogantes. ¿Lograrán las instituciones avanzar hacia una solución definitiva? ¿Se hará justicia para quienes han sufrido las consecuencias de esta disputa histórica?
Oaxaca necesita respuestas, pero sobre todo necesita paz. Un conflicto que ha cobrado tantas vidas y desplazado a tantas personas no puede seguir siendo parte de su historia reciente. Es momento de buscar un camino hacia la reconciliación y el desarrollo, sin perder de vista la justicia y el respeto por los derechos de todos los involucrados.
