- Necesaria la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales
Para garantizar que la ciudadanía, especialmente los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, ejerzan su derecho de acceder a información ambiental, la participación pública y a la justicia en asuntos medioambientales, considerando que son los que poseen y defienden los recursos naturales y son los principales guardianes de los bosques, la diputada Karla Clarissa Bornios Peláez propuso al Pleno del Congreso del Estado cambios a la legislación en la materia.
De acuerdo con lo planteado por la congresista del partido político Morena, la iniciativa con Proyecto de Decreto contempla adicionar un párrafo segundo al artículo 6; adicionar la fracción IX al artículo 9; reformar el párrafo primero del artículo 24, reformar el artículo 212, reformar el primer párrafo y adicionar un párrafo sexto al artículo 217, adicionar un párrafo tercero al artículo 218 y reformar el artículo 219, todos de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para el Estado de Oaxaca.
La promovente explicó que la propuesta incorpora el principio de Máxima Publicidad, mediante el cual, el Estado tendrá la obligación de respetar y asegurar el acceso a la información relacionada con posibles afectaciones al medio ambiente, la cual debe ser garantizada a toda persona de manera accesible, efectiva y oportuna.
Lo anterior, basado en los lineamientos del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como Acuerdo Escazú.
Dicho instrumento internacional ratificado por México en 2020 busca disminuir y prevenir los conflictos ambientales garantizando a la ciudadanía tres derechos principales: el Acceso a la Información, la Participación Ciudadana y Acceso a la Justicia, donde la transparencia e inclusión son fundamentales para asegurar que las estrategias implementadas sean equitativas, justas y racionales.
Al respecto, Bornios Peláez destacó en su exposición de motivos que, en el caso de Oaxaca, el conocimiento ancestral de los pueblos indígenas y afromexicanos sobre la tierra y sus recursos naturales es clave para proteger la biodiversidad y en consecuencia, tienen derecho a ser informados sobre las medidas que pueden afectar su ecosistema, además, de participar en la utilización, gestión y conservación de éstos, reconocidos en el Convenio número 159 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En este sentido, también se estipula que las autoridades competentes procurarán que la información ambiental sea reutilizable, procesable y esté disponible en formatos accesibles y que no existan restricciones para su reproducción o uso, de conformidad con la legislación nacional y tratados internacionales.
La iniciativa fue presentada en la Sesión Ordinaria del 15 de abril del presente año y turnada a la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energía, Sostenibilidad y Cambio Climático para su análisis y dictamen.
