La indignación crece en Ciudad Ixtepec luego de que se difundiera un video donde se observa a un taxista del Sitio San Jerónimo arrollando de forma deliberada a un perro en la vía pública, provocándole la muerte. El hecho, captado en video y compartido en redes sociales, ha generado una oleada de protestas ciudadanas que exigen justicia y la aplicación de la ley contra el responsable y el sitio que lo respalda.
Ante la presión social, el dirigente del sitio de taxis San Jerónimo, José Martín Guzmán López, reaccionó con declaraciones que han intensificado aún más el malestar público. En una transmisión en vivo desde su cuenta personal de Facebook, minimizó el hecho y descalificó la reacción de la ciudadanía. “Ahora resulta que hay defensores de animales que se están desgarrando las vestiduras”, expresó, criticando la indignación generada por el caso.
El líder intentó justificar la acción del conductor, insinuando que el perro podría haber estado enfermo y restando gravedad al hecho. Sin embargo, las imágenes muestran claramente cómo el conductor detiene la unidad y luego pasa la llanta sobre el cráneo del animal, lo que ha sido interpretado por habitantes como una acción intencional.
Pese a tratar de desviar la atención, el propio Guzmán López reconoció que el conductor fue “castigado”, aunque no ofreció detalles sobre la sanción. También adelantó que la unidad implicada continuará operando, al asegurar que quien conducía “no era la concesionaria”, en lo que parece ser una estrategia para conservar la autorización oficial del vehículo.
Además, el dirigente arremetió contra la autoridad municipal, encabezada por el presidente Roberto Carlos Gómez Morales, al señalar que “hay cosas más importantes que atender” y pidió que el tema fuera abordado por los tres niveles de gobierno.
Mientras tanto, organizaciones defensoras de animales, así como residentes del municipio, continúan exigiendo una sanción ejemplar. El artículo correspondiente del Código Penal de Oaxaca establece penas de cárcel de 3 meses a 2 años y multas de más de 113 mil pesos por la muerte intencional de un animal vertebrado.
