La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este martes que las nuevas ministras y ministros que integrarán la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberán enfocarse en garantizar el acceso a la justicia y no en actuar con intereses políticos o partidistas.
“Su tarea al llegar a la Corte no es actuar políticamente, como lo hizo la Corte actual, sino impartir justicia a todos los mexicanos y mexicanas, independientemente de por quién voten”, subrayó durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional.
La mandataria destacó que en la inédita jornada electoral del pasado 1 de junio participaron cerca de 13 millones de ciudadanos que eligieron a juezas, jueces, magistradas, magistrados, ministras y ministros del Poder Judicial, como parte de la reforma para democratizar el acceso a la justicia.
En ese contexto, Sheinbaum celebró el avance de Hugo Aguilar Ortiz, abogado mixteco originario de San Miguel El Grande, Oaxaca, quien encabeza el conteo de votos para convertirse en nuevo ministro de la SCJN. “Es un cambio muy profundo. No había habido representación de una persona indígena desde los tiempos de Juárez o del Nigromante”, expresó.
Aguilar, defensor de los derechos de los pueblos originarios y actual coordinador de Derechos Indígenas en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), ha sido impulsor de la Cuarta Transformación y cuenta con más de 30 años de trayectoria en la defensa de comunidades indígenas.
Sobre quién presidirá la Suprema Corte, Sheinbaum recordó que el artículo 94 de la Constitución establece que el mandato será por dos años y que existe una cláusula de preferencia de género que podría favorecer a una mujer. Sin embargo, será el Instituto Nacional Electoral (INE) quien defina a la persona que asumirá esa responsabilidad.
“Hay una preferencia para mujeres en la Constitución, así que el INE tendrá que revisar y determinar quién ocupará la presidencia del tribunal”, explicó.
Finalmente, reiteró que el verdadero objetivo de esta transformación en el Poder Judicial es lograr que todas y todos los mexicanos —incluidas las comunidades más vulnerables— accedan a una justicia equitativa.
