• El legislador y Presidente del PRI Nuevo León señaló que la jueza debió desechar la solicitud por improcedente ante el juicio político que le inició el Congreso local al mandatario estatal.
El diputado federal y presidente del PRI Nuevo León, José Luis Garza Ochoa presentó una solicitud de juicio político contra la magistrada Norma Leticia Platas Gómez, quien aceptó un juicio contencioso administrativo a favor del gobernador Samuel García Sepúlveda, el cual, subrayó, debió desechar por improcedente y violentar disposiciones constitucionales del estado.
En la acción jurídica que ejerció junto con los dirigentes estatales del PAN y PRD, Hernán Salinas y Sylvia López Elizondo, respectivamente, el legislador priista argumentó que la juez violenta disposiciones constitucionales y de la Ley de Justicia Administrativa al otorgar este beneficio al mandatario estatal ante el juicio político que le inició el Congreso local.
Precisó que el Tribunal de Justicia Administrativa, al cual pertenece Platas Gómez, solo puede conocer de actos de autoridades administrativas, jamás del Poder Legislativo ni Judicial, conforme a los artículos 149 constitucional y 17 de la ley de justicia administrativa.
Por ello, Garza Ochoa recalcó que procedieron a presentar la demanda de juicio político contra la magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa, por faltas a la Constitución y a la Ley de Justicia Administrativa, porque, puntualizó, admitir una demanda en contra del Congreso por parte del Gobernador, es actuar fuera de la Ley.
En ese sentido, el legislador priista consideró que el Tribunal admita este tipo de juicios, además de ser inconstitucional e ilegal, pervierte y afecta la naturaleza del propio órgano jurídico y genera una afectación e intromisión injustificada al funcionamiento del Poder Legislativo.
El líder de los priistas regiomontanos sentenció que queda de manifiesto que el gobernador Samuel García Sepúlveda está utilizando o presiona a funcionarios, para actuar o deliberar a su favor en temas que no le favorecen, con lo que solo obstruye el cumplimiento de la ley.