El Parlamento oaxaqueño, en coordinación con el Poder Judicial, sentará precedentes de atención inmediata para garantizar una pronta, eficiente y justa aplicación de la justicia, en beneficio de las mujeres, niñas, niños, adolescentes y grupos vulnerables.
Con la aprobación del plan anual de trabajo, la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia, buscará remover los obstáculos que existen en el marco jurídico y limitan el derecho a una pronta aplicación de la justicia, además de vigilar que las dependencias competentes se abstengan de incurrir en violaciones a los derechos humanos.
A la sesión de trabajo acudieron los magistrados, Eduardo Pinacho Sánchez, del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca; Manuel Velazco Alcántara, del Tribunal de Justicia Administrativa, y Alejandro Ramírez, de la Fiscalía General del Estado, órganos públicos que trabajarán en conjunto con la comisión, para afianzar los procesos de justicia social, como un valor fundamental para el desarrollo y bienestar de Oaxaca.
Al respecto, la legisladora Lizett Arroyo Rodríguez, presidenta del órgano legislativo, afirmó que de la mano del Poder Judicial y la sociedad civil, construirán e impulsarán leyes en materia civil, penal y administrativa, que garanticen la aplicación de la justicia, ante hechos de violación de derechos en contra de las mujeres, personas vulnerables y la niñez oaxaqueña.
Asimismo abonó que los procesos de designación de magistrados, serán dirigidos en su totalidad a la ciudadanía, mediante un proceso transparente y bajo los estrictos lineamientos legales. La diputada, Nancy Benítez Zárate, pronunció que el trabajo coordinado será esencial para proponer iniciativas y modificaciones al marco jurídico, en beneficio de las y los oaxaqueños, procurando la reparación del daño. También propuso crear un grupo jurídico para el mismo fin y así obtener mejores resultados en materia de procuración de justicia.
En el mismo tenor, la congresista María Luisa Matus Fuentes, se sumó al trabajo de la comisión, ante la alarmante situación de violencia que se vive en el Estado, en contra de las mujeres, niñas, niños adolescentes y grupos que no tienen fácil acceso a la justicia, como son los pueblos y comunidades más alejadas de la entidad.
Oaxaca, es la séptima entidad con mayor número de muertes violentas a nivel nacional, ocupa el décimo lugar en feminicidios, es la segunda entidad con mayor violencia política en el país y uno de los Estados con mayor nivel de impunidad.
La Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia, también está integrada por la congresista Haydeé Irma Reyes Soto y el diputado Noé Doroteo Castillejos.