Para garantizar el derecho a la alimentación de niñas, niños y adolescentes con pensión alimenticia y fomentar la eliminación de las malas prácticas de los deudores alimentarios, la LXV Legislatura de Oaxaca valora la iniciativa de reforma al Código Familiar y el de Procedimientos Civiles.
Para que la o las personas que corresponda informar sobre la capacidad económica de un deudor alimentario, tengan la obligación de suministrar los datos exactos que solicite el juez de lo familiar, previendo como sanción para el caso de no hacerlo, el de ser inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios, y deberá responder solidariamente con el deudor alimentario por los daños y perjuicios que cause al acreedor alimentista por sus omisiones o informes falsos.
De igual forma, se propone imponer las mismas sanciones a aquellas personas que se resistan a acatar las órdenes judiciales de descuento, ayuden al deudor a ocultar o simular sus bienes, o a eludir el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias.
Y que los deudores alimentarios deberán de informar de inmediato cualquier cambio de empleo, el lugar donde está y el puesto o cargo que desempeñará, a efecto de que continúe cumpliendo con la pensión alimenticia y no incurra en alguna responsabilidad.
El centro laboral del demandado tendrá que proporcionar información sobre sueldos, prestaciones, ingresos y bienes declarados por el deudor alimentario, y en caso de no hacerlo, se le sancionará.
Esto, debido a que en la actualidad muchos deudores alimentarios cambian de fuentes de trabajo con el fin de que no se les descuente y esto afecta a la niñez.
Esta propuesta fue realizada por la legisladora Eva Diego Cruz y el diputado Samuel Gurrión Matías, la cual fue turnada a la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia.