Las y los diputados integrantes del Congreso de Oaxaca examinan la propuesta de castigar a quien cometa el delito de fraude, al obtener lucro o beneficio económico prometiendo otorgar, vender, ceder, rentar, traspasar, licitar u otorgar derechos de cualquier forma sobre un espacio de propiedad pública, bienes del dominio público o de uso común.
Esta iniciativa contempla la sanción de prisión de siete a catorce años y multa de ciento cincuenta a quinientas veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente a quien cometa esta falta.
Si el fraude lo comete un servidor público, aspirante, precandidato o candidato a un cargo de elección popular, la pena se aumentará hasta un tercio del mínimo y del máximo, se le destituirá del cargo, comisión o nombramiento y se le inhabilitará para ejercer otro por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.
En el caso de Oaxaca, existen infinidad de quejas y manifestaciones de ciudadanos que denuncian el acaparamiento, venta, rentas, apropiación y monopolio de diferentes espacios públicos.
Se violentan diversos principios como el derecho a la ciudad, equidad e inclusión, protección, progresividad del espacio público y todo lo relativo a la accesibilidad universal que debería estar presente en la gestión de cualquier ciudad, comunidad o población.
En caso de aprobarse la iniciativa, se adicionaría la fracción IV y un segundo párrafo al artículo 380 del Código Penal para el Estado de Oaxaca.
La propuesta fue presentada por la diputada Lizett Arroyo Rodríguez y el presidente del Frente Ciudadano por el Rescate del Centro Histórico, Francisco Jorge Sánchez y fue turnada para su estudio a la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia.