Desde septiembre de 2024, los enfrentamientos entre facciones del Cártel de Sinaloa han cambiado horarios comerciales, movilidad, actividades escolares y rutinas familiares. Aunque autoridades reportan reducciones en algunos indicadores delictivos, la recuperación de la vida social y económica sigue siendo un desafío.
Sinaloa cumple dos años de una crisis de violencia que comenzó en septiembre de 2024, con enfrentamientos entre facciones del Cártel de Sinaloa, y cuyos efectos trascendieron la seguridad pública para modificar la vida cotidiana de miles de habitantes.
Desde entonces, las restricciones de horarios, los cierres de negocios, las dificultades de movilidad y los ajustes en las actividades escolares se convirtieron en parte de la realidad de distintas regiones del estado, particularmente en Culiacán.
Durante este periodo, autoridades, empresarios, instituciones educativas y organizaciones ciudadanas han tenido que adaptar sus actividades a las condiciones de inseguridad. A dos años del inicio de la crisis, el desafío no se limita a reducir los delitos, sino también a recuperar la normalidad económica y social.
Horarios recortados y cambios en la convivencia
Uno de los efectos más visibles de la violencia ha sido la transformación de las rutinas de la población. En distintas zonas, familias, trabajadores y estudiantes modificaron sus horarios para reducir desplazamientos, especialmente durante las tardes y noches.
La actividad comercial y recreativa también resintió el impacto. En Culiacán, negocios redujeron sus horarios o enfrentaron dificultades para mantenerse abiertos, mientras el temor a los hechos violentos afectó la convivencia y el uso de espacios públicos.
En comunidades rurales, los enfrentamientos y otros hechos delictivos provocaron desplazamientos de habitantes y obligaron a modificar actividades comunitarias.
De esta manera, la crisis dejó de ser únicamente un problema de seguridad para convertirse en un factor que condiciona la vida diaria de la población.
Negocios y empleos resienten las consecuencias
El sector económico también enfrentó dificultades desde las primeras semanas de la crisis. El 18 de septiembre de 2024, el Gobierno de Sinaloa anunció medidas emergentes para apoyar a los empresarios de Culiacán, entre ellas descuentos en multas, facilidades de pago y la suspensión temporal de cobros en mercados y estacionamientos.
Sin embargo, la actividad comercial no se recuperó de inmediato. Empresarios y organizaciones civiles han reportado cierres de establecimientos, reducción de horarios y pérdida de empleos, con afectaciones en sectores como restaurantes, turismo, comercio y servicios.
De acuerdo con Data México, de la Secretaría de Economía, Sinaloa registró 1.41 millones de personas ocupadas en el primer trimestre de 2026, con una tasa de desocupación de 2.59 por ciento. La población ocupada disminuyó 1.71 por ciento respecto del trimestre anterior.
Aunque estas cifras describen el panorama laboral estatal, no permiten atribuir exclusivamente a la violencia todas las variaciones registradas.
Carreteras y transporte, bajo presión
La movilidad se convirtió en otra de las actividades condicionadas por la inseguridad. Enfrentamientos, bloqueos y robos de vehículos obligaron a habitantes a modificar recorridos y horarios, especialmente a quienes necesitan trasladarse durante la tarde y la noche.
En agosto de 2026, el Gobierno de Sinaloa informó que el programa Cero Robos al Transporte permitió reducir los reportes de robo de vehículos en la carretera Culiacán-Mazatlán. Según las autoridades, en el tramo intervenido se pasó de 50 robos a cero durante los tres meses previos al anuncio.
No obstante, recuperar la movilidad también implica ampliar los horarios de los servicios de transporte y restablecer la confianza de los usuarios.
En septiembre de 2026, la gobernadora Graciela Domínguez informó sobre reuniones con concesionarios del transporte, comerciantes y universidades para analizar la ampliación de horarios. Entre las demandas planteadas se encuentra la recuperación de horarios que fueron recortados por motivos de seguridad.
Las clases también se adaptaron a la inseguridad
Las actividades educativas tampoco quedaron al margen de la crisis. La asistencia a las escuelas, los traslados de estudiantes y docentes, así como la organización de las familias, tuvieron que ajustarse a las condiciones de seguridad.
En septiembre de 2026, las autoridades estatales informaron que trabajan con comunidades educativas para fortalecer los entornos escolares seguros y acompañar a niñas, niños y adolescentes.
Universidades y estudiantes también han planteado la necesidad de recuperar horarios más amplios para las actividades académicas. El objetivo es que las condiciones de inseguridad no continúen limitando el acceso a clases y la vida universitaria.
La violencia, el principal desafío
Pese a los esfuerzos institucionales, la seguridad continúa siendo el eje de la crisis sinaloense.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) registró en Sinaloa una tasa de 34.7 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2024, de acuerdo con sus estadísticas de defunciones por homicidio.
La percepción de inseguridad también refleja parte del problema. En la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025, el INEGI reportó que 15.5 por ciento de la población de 18 años y más en Sinaloa identificó la presencia de pandillas o bandas violentas en los alrededores de su vivienda.
Durante 2026, el Gobierno estatal ha informado sobre reducciones en algunos indicadores delictivos. En agosto, reportó una disminución de 30.2 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos entre enero y julio, respecto del periodo de referencia utilizado por la administración.
Sin embargo, la evolución de las cifras de seguridad no refleja por sí sola la magnitud de los cambios que la violencia ha provocado en las actividades económicas, educativas y sociales.
Recuperar la normalidad, el reto pendiente
A dos años del inicio de esta etapa, Sinaloa enfrenta el desafío de recuperar actividades que fueron modificadas por la inseguridad. Comerciantes, empresarios, transportistas, universidades y organizaciones ciudadanas han planteado la necesidad de restablecer horarios, mejorar la movilidad y reactivar la economía.
En septiembre de 2026, el Gobierno estatal anunció un Plan Integral de Seguridad y Gobernabilidad que contempla la participación de distintos sectores, incluidos empresarios, comerciantes, hoteleros, estudiantes y concesionarios del transporte.
El segundo aniversario de la crisis encuentra así a Sinaloa ante una doble tarea: contener la violencia y revertir sus efectos acumulados sobre la vida cotidiana.
Porque, más allá de los indicadores delictivos, el impacto de estos dos años también se mide en los negocios que cerraron, los horarios que cambiaron, las clases que tuvieron que adaptarse y las familias que aprendieron a reorganizar su vida en función de la inseguridad.
