El Congreso de Oaxaca recibió una iniciativa para reformar el artículo 241 Bis del Código Penal estatal, con la finalidad de fortalecer la tipificación del hostigamiento sexual, ampliar las conductas sancionables y establecer mecanismos que eviten la revictimización durante los procesos penales.
La propuesta, presentada por el diputado César David Mateos Benítez, de Morena, plantea eliminar el daño o sufrimiento psicoemocional como requisito para configurar el delito, al considerar que exigir la comprobación de una afectación psicológica puede imponer cargas adicionales a las víctimas y desviar la atención de la conducta del agresor.
Asimismo, propone modificar el término “asedie” para evitar que la legislación limite la configuración del delito a comportamientos reiterados. Con ello, se busca que el hostigamiento pueda sancionarse incluso cuando ocurra en una sola ocasión.
Otro de los aspectos centrales de la iniciativa es ampliar la descripción de las conductas que constituyen este delito, incorporando solicitudes de favores sexuales, insinuaciones y propuestas eróticas o sexuales, expresadas de manera directa o indirecta y realizadas por cualquier medio, incluidos los espacios digitales.
En cuanto a las sanciones, el proyecto plantea aumentar hasta en una mitad la pena de prisión cuando las víctimas sean menores de 18 años o personas que no tengan capacidad para comprender el significado del hecho. Además, establece que estos casos sean perseguidos de oficio.
Se propone conservar las penas generales de dos a cuatro años de prisión y multas de 200 a 400 UMA, así como las sanciones de destitución e inhabilitación para servidores públicos, docentes o ministros de culto que se valgan de las condiciones de su encargo para cometer el delito.
La iniciativa también incorpora disposiciones sobre reparación económica cuando la víctima pierda su empleo a consecuencia del hostigamiento sexual, mediante una compensación calculada con base en la indemnización por despido injustificado, la antigüedad laboral y el lucro cesante.
El legislador señaló la necesidad de armonizar el marco jurídico estatal con los estándares internacionales de derechos humanos y los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de violencia sexual y perspectiva de género.
La propuesta fue turnada a la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia para su estudio y dictamen, luego de su presentación durante el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXVI Legislatura.
