Garantizar que los robos cometidos contra niñas, niños y adolescentes sean investigados sin obstáculos procesales es el objetivo de una iniciativa presentada ante el Congreso de Oaxaca, que propone establecer la persecución de oficio de este delito cuando las víctimas sean menores de 18 años.
La propuesta legislativa fue promovida por la diputada Dulce Belén Uribe Mendoza, integrante de Morena, quien plantea adicionar el artículo 366 Bis al Código Penal del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. La modificación busca que la investigación proceda independientemente del lugar, el medio de ejecución o el vínculo entre la víctima y la persona probable responsable.
El proyecto establece, además, que las autoridades investigadoras deberán dar intervención inmediata a la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado (Prodennao), con la finalidad de brindar atención especializada y proteger los derechos de las víctimas.
En caso de que la persona probable responsable sea adolescente, se aplicarán las disposiciones de la legislación nacional en materia de justicia penal para adolescentes. Asimismo, la reparación del daño se resolverá conforme a lo establecido en el Capítulo VI del Código Penal.
La iniciativa incorpora otra modificación relevante: ampliar la agravante del delito de robo cuando se cometa dentro de cualquier institución educativa o en sus inmediaciones. Para ello, propone reformar la fracción XII del artículo 369, eliminando la limitación que actualmente contempla únicamente a los planteles públicos.
De acuerdo con los argumentos expuestos en el documento, las consecuencias de estos delitos pueden extenderse a distintos ámbitos de la vida de las víctimas, desde su percepción de seguridad hasta su desarrollo familiar y escolar. Por ello, se considera necesario fortalecer la respuesta institucional y prevenir situaciones de revictimización.
El planteamiento fue presentado durante el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXVI Legislatura y turnado a la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia, donde continuará su proceso legislativo.