- En Sesión de la Diputación Permanente se presentó una Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la CNBV, la Condusef y la Secretaría de Economía estatal a frenar abusos financieros
San Raymundo Jalpan, Oax., a 09 de junio de 2026.- Con el objetivo de salvaguardar el patrimonio, la privacidad y la dignidad de las familias oaxaqueñas, la diputada Sandra Daniela Taurino Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó ante el Congreso del Estado una Proposición con Punto de Acuerdo que busca exhortar a las autoridades financieras federales y estatales a establecer y fortalecer mecanismos urgentes de protección, información, supervisión y orientación frente a la proliferación de entidades financieras no reguladas y aplicaciones de préstamos inmediatos que operan en la entidad.
La propuesta, presentada durante la Sesión Ordinaria de la Diputación Permanente, plantea que dicho exhorto se dirija a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y a la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado (Sedeco) para que actúen de manera coordinada en el ámbito de sus respectivas competencias.
El documento contempla que la CNBV identifique y emita alertas oportunas sobre entidades no autorizadas; que la Condusef intensifique la difusión de información para prevenir prácticas abusivas; y que la Sedeco impulse campañas permanentes de educación financiera y orientación, con especial énfasis en las comunidades y municipios donde la presencia de préstamos informales es más recurrente.
La legisladora expuso que en los últimos años se ha registrado un incremento alarmante de prestamistas informales, montepíos irregulares y plataformas digitales de préstamo rápido que se aprovechan de la necesidad urgente de la ciudadanía. Estas entidades operan al margen de la ley, imponiendo tasas de interés desproporcionadas, cobros ocultos y métodos de cobranza abusivos.
Asimismo, alertó sobre el peligro que representan las aplicaciones móviles que ofrecen créditos inmediatos a cambio de acceder a la lista de contactos e información personal de las personas usuarias. Detalló que estos datos son posteriormente utilizados para ejercer presión, amenazas y difamación contra las personas deudoras y sus familiares, vulnerando el derecho constitucional a la privacidad y la seguridad.
La Proposición con Punto de Acuerdo quedó reservada para el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Legal.
