La propuesta de Morena contempla penas de hasta un año de prisión, multas de 50 a 300 días de salario y la obligación de reponer los árboles afectados.
El Congreso de Oaxaca recibió una iniciativa para incorporar al Código Penal estatal sanciones contra quienes provoquen daños intencionales al arbolado urbano ubicado en espacios públicos, con el objetivo de fortalecer su protección y establecer mecanismos de reparación ambiental.
La propuesta fue presentada por la diputada Sandra Daniela Taurino Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena, quien plantea adicionar los artículos 388 Ter y 388 Quáter para tipificar conductas como la tala, el derribo, el envenenamiento, la quema, la mutilación y la destrucción total o parcial de árboles sin autorización de la autoridad competente.
De acuerdo con el proyecto, estas acciones podrían castigarse con penas de tres meses a un año de prisión y multas de 50 a 300 días de salario, cuando se realicen de manera dolosa y afecten ejemplares ubicados en plazas, parques, jardines, camellones, vías públicas y demás áreas verdes de uso común.
Restitución ambiental y trabajo comunitario
Uno de los componentes centrales de la iniciativa es la reparación del daño. Para ello, propone que las personas responsables restituyan el arbolado afectado conforme a la legislación ambiental o, en su defecto, planten al menos tres árboles por cada ejemplar dañado.
Los nuevos ejemplares deberán ser de especies nativas o adecuadas al entorno y recibir mantenimiento durante dos años, bajo las condiciones que establezca la autoridad ambiental o municipal competente.
También se contempla la posibilidad de sustituir la pena de prisión, conforme a las disposiciones legales, preferentemente por trabajo en favor de la comunidad mediante actividades de reforestación, conservación de áreas verdes y educación ambiental.
Penas mayores por circunstancias agravantes
El proyecto establece incrementos de hasta una mitad en las sanciones cuando las afectaciones involucren tres o más árboles, se produzcan dentro de áreas naturales protegidas, zonas de monumentos o sitios de valor histórico y cultural, o tengan fines económicos relacionados con el aprovechamiento y comercialización de la madera.
En caso de que el delito sea cometido por una persona servidora pública, se propone aplicar también la destitución e inhabilitación para desempeñar otro cargo por un periodo equivalente a la pena de prisión impuesta.
La propuesta contempla excepciones para las intervenciones que cuenten con autorización oficial, respondan a programas de manejo, atiendan riesgos inminentes para las personas o los bienes, o sean necesarias por razones fitosanitarias.
El proyecto legislativo fue turnado a la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia para su análisis y dictamen, luego de su presentación durante el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXVI Legislatura.
